POR UNA COLOMBIA NUEVA
PROGRAMA DE GOBIERNO
INGRID BETANCOURT PULECIO
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
POR EL PARTIDO VERDE OXÍGENO
BOGOTÁ, MARZO 2002
INDICE
INTRODUCCIÓN
LAS TENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS
La situación y las tendencias externas
La situación y las tendencias internas:
LA REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO
Compromiso Supremo con la Reforma Política Radical.
Revocatoria del Congreso y Reforma al Régimen Electoral.
Reforma Administrativa y de la Justicia.
Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de la Colombia Nueva.
Nuestro compromiso internacional
Plan Colombia y negociación para la paz
LA REFORMA ECONÓMICA
Crecimiento económico, objetivo fundamental de la política económica
La estrategia económica: Mayor demanda e inversión, nueva estructura de precios
Finalidad del crecimiento: Creación de empleo adecuado
El problema de la deuda: Un falso dilema
La política comercial: Más exportaciones para crecer
Mercado de capitales: de la sociedad de asalariados a la de accionistas
Microfinanzas: Crédito para los pobres para la superación de la pobreza
Apoyo a la agricultura
LA INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA
La vivienda y construcción en una Colombia Nueva
El sector hidrocarburos y el desarrollo energético para el crecimiento sostenido
LOS ASPECTOS SOCIALES: EDUCACIÓN
Educación para la vida
Deserción y repetición
Evaluación de estudiantes
Evaluación a profesionales y docentes
Mayor investigación
Profesionales altamente calificados
Acreditación
Porcentaje del PIB destinado a educación pública
LOS ASPECTOS SOCIALES: SALUD Y PENSIONES
El seguro de salud y el periodo de afiliación
Un mayor financiamiento para una mayor cobertura
La mejora del sistema de salud
La reforma pensional: Decisiones claras y dilemas falsos
LA REFORMA DEL TRATAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
Marco general de política ambiental y de desarrollo sostenible
Objetivo general y objetivos específicos de la política
Elementos prioritarios de la política de medio ambiente y desarrollo sostenible
Opciones estratégicas
Frentes de coordinación intersectorial
Herramientas para integrar medio ambiente y desarrollo
Algunos datos
INTRODUCCIÓN
La propuesta de gobierno de la Campaña Presidencial por una Colombia Nueva, en representación del Partido Oxigeno Verde, es un compromiso para convertir a Colombia en un país verdaderamente democrático, solidario, en el que quepan todos los colombianos, con una economía libre y abierta, donde el mercado sea el principal mecanismo de asignación de los recursos y cuando falle sea debidamente regulado para hacerlo competitivo y transparente.
En esa Colombia Nueva la política debe ser un ejercicio respetable y respetado, la exclusión social debe ser excluida, la gestión de la economía debe ser responsable ante la sociedad colombiana, debe haber pleno empleo y equidad en la distribución de los ingresos, la pobreza debe ser residual y nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente deben ser respetados.
Nuestro propósito es construir una Colombia con solidaridad, equidad y paz. No podemos continuar desangrándonos entre colombianos. La paz tiene que ser justa, en la que los que tienen el poder cedan parte a los que no lo tienen. Pero el medio no puede ser la violencia, tiene que ser la negociación, efectiva y razonable, con respeto a todos.
Para alcanzar esos propósitos son necesarias tres grandes reformas. Ellas son la esencia de nuestra propuesta. Por ellas hemos venido batallando desde hace mucho tiempo. La primera es la reforma política. Nos satisface que hoy sea una propuesta de todos los candidatos a la Presidencia de la República, aunque la nuestra se precie de ser la auténtica reforma.
Con esa reforma política queremos desterrar el clientelismo y la corrupción, que nuestros representantes nos representen y nos rindan cuentas, que haya partidos político sólidos, listas únicas por partido, cifra repartidora, voto preferencial, financiación estatal de las campañas para que todos vayamos en igualdad de condiciones y voto obligatorio para que con una ola de votos libres enterremos los votos comprados.
Queremos una reforma que cambie las reglas de juego de la política y que devuelva a los colombianos el respeto y la confianza en sus instituciones y hacia sus conciudadanos y al Estado colombiano la legitimidad y solidez que requiere para poder cumplir con sus funciones.
La reforma económica y social es la segunda. Necesitamos una política económica cuyo objetivo sea el crecimiento económico de Colombia y el desarrollo de la inversión privada. Esa es la única manera de generar empleo sostenido. No podemos continuar con una situación de 20% de desempleo abierto y de 30% de subempleo. Asimismo, necesitamos una política social que privilegie la educación y la salud de nuestro pueblo para que logre su pleno desarrollo. Las políticas económica y social son complementarias y se retro-alimentan: Sin educación y salud no hay crecimiento, sin éste no es posible ofrecer salud y educación en forma satisfactoria.
Para ello, tenemos que rentabilizar a nuestras empresas, hacerlas competitivas en un mundo cada vez mas globalizado, que debemos aprovechar en nuestro beneficio. Eso significa que la tasa de cambio real debe ser más competitiva al igual que la tasa de interés real, que los precios de los servicios públicos se parezcan a los internacionales y que los impuestos sean menores.
Nuestra tercera reforma se refiere al tratamiento del medio ambiente. No podemos seguir contaminando y depredando nuestros recursos vivos. La biodiversidad es una de nuestras mayores riquezas y tenemos que aprovecharla. Ello implicará transformar el actual estilo de desarrollo, por uno limpio, sostenido y respetuoso de la tierra que hemos heredado.
Los siguientes acápites desarrollan esas propuestas. La primera parte está referida a los marcos internacional y nacional que se deben considerar para una formulación adecuada de la política para una Colombia Nueva.
LAS TENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS
La situación y las tendencias externas
El siglo XXI será diferente al pasado. Exigirá una profunda adaptación de las sociedades y economías nacionales a los contextos mundiales. La sociedad que elija mantenerse al margen quedará al margen también de sus beneficios. Esas tendencias principales, se manifestarán en:
i. Una globalización generalizada, en todos los ámbitos sociales y económicos. En particular se reflejará en un:
Mundo interconectado
Abierto
Integrado en esquemas de integración regional (ALCA) y mundial (OMC).
ii. Mercados más desarrollados, más libres, más competitivos, para lo cual se establecerán:
Reglas mundiales para incentivar la competencia
Reglas mundiales para desarrollar una mayor más transparencia
iii. A su vez, las sociedades serán más libres y más democráticas, lo que se traducirá en esquemas de organización social que las harán:
Más participativas
Con el poder político más compartido
Derechos humanos más respetados
Esas tendencias determinarán dos características fundamentales en la organización y el comportamiento social y económico:
i. Flexibilidad, que se manifestará y será el resultado de la aparición de:
Nuevos productos y servicios personalizados
Alta tecnología: computadoras, comunicaciones
Nuevas fuentes de energías: biodiversidad
Nueva organización productiva y económica
ii. Transparencia, que requerirá:
Información y medios masivos y diversos
Burocracia mínima
Nueva organización social y política
En respuesta a esas tendencias, para participar con más beneficios se requiere que la política nacional considere, en particular:
Educación: Más flexible, más tecnológica
Producción: Más tecnológica, personalizada, descentralizada
Comunicaciones: Más eficientes, más extendidas
Mercados más competitivos y transparentes
Reglas estatales no redundantes, más claras y más estables
Respuestas burocráticas inmediatas
Promoción social por méritos (no conveniencias o afectos)
Con relación al medio ambiente, las tendencias internacionales presentarán también:
Opciones tecnológicas ambientalmente amistosas y costo-efectivas disponibles en el mercado, con novedosos incentivos económicos (Protocolo de Kioto).
Inequidad e insostenibilidad del comercio internacional de productos de la biodiversidad y otras barreras ambientales discriminatorias al comercio. Crecientes exigencias fitosanitarias y de estándares ambientales multilaterales. (Sello Verde)
Mayor dependencia (bio)tecnológica e imposición excluyente de derechos de patentes sobre formas de vida que se consideran inventos biotecnológicos.
Impunidad de los delitos ambientales y en el tráfico transfronterizo ilegal de desechos, sustancias, fauna y organismos, con precaria capacidad de control.
Contaminación transfronteriza generadora de conflictos potenciales.
Amenazas globales de responsabilidad común pero diferenciada, sin regímenes de rendición de cuentas, ni mecanismos de compensación.
La situación y las tendencias internas:
Lo más notorio de la tendencia nacional será el continuo crecimiento de la población colombiana:
Llegará a 50 millones en el 2010
Ciudades abrumadas sino se organizan
Por su parte, la producción se verá afectada por:
Commodities con menores precios internacionales
Recursos naturales agotables y sustituibles
El fracaso histórico de la Reforma Agraria generó 8 frentes de colonización en ecosistemas frágiles y concentró las mejores tierras en pocas manos, bajo un modelo de monocultivos, ganadería extensiva y urbanización acelerada.
Las ventajas comparativas de la diversidad biológica y cultural contrastan con la ingobernabilidad del territorio debida a la división espacial del conflicto y a la nueva base económica de la colonización: los cultivos ilícitos.
Pérdida de competitividad y de fuentes de trabajo en nuevos nichos de mercados verdes por efecto de deficiencias del régimen regulatorio e institucional en que se desenvuelve la gestión ambiental.
Necesidad de una regulación efectiva, estabilidad institucional y seguridad jurídica en la normatividad y en la gestión ambiental para los empresarios e inversionistas privados e institucionales en proyectos de desarrollo económico (e.g. cambios frecuentes de la importancia de lo ambiental en el código minero; también en pesticidas).
Precariedad en la gestión de ecosistemas marinos y costeros y de recursos marítimos.
Progresos institucionales y avances en el sistema descentralizado de la gestión ambiental. Incipiente implantación de planes de ordenamiento territorial. El SINA evolucionan en medio de niveles significativos de descoordinación intersectorial, inconsistencias sectoriales y politización regional.
La ausencia de una masa crítica de investigadores y las restricciones financieras de institutos y centros de investigación claves (Humboldt, Ideam, Invemar, Corpoica, entre otros) limitan el desarrollo de conocimientos, innovaciones y prácticas propias de la economía y la cultura del neotrópico.
Los nuevos movimientos sociales y una mayor sensibilidad en temas ambientales.
LA REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO
Colombia es una gran nación aún en construcción. Los colombianos de hoy somos producto de la cultura, el trabajo, los sacrificios y la capacidad creativa de múltiples pueblos y ciudadanos dignos, honestos y solidarios que nos legaron la patria. Ese legado ha sido vertido sobre una tierra fértil y rica como pocas en el planeta. Aún así, nuestra nación no ha logrado construir las instituciones que brinden plenas oportunidades de realización humana a todos los colombianos, que garanticen la convivencia pacífica y solidaria, que permitan vivir en democracia y sentirnos partícipes plenos del mismo proyecto de nación. Más aún, asistimos atónitos a la confluencia de diferentes crisis que afectan a nuestras frágiles instituciones y que tienen al Estado al borde del colapso.
De hecho, el Estado colombiano no puede brindar seguridad y respeto a la vida y bienes de todos los ciudadanos, justicia justa y expedita para todos, y tampoco oportunidades de desarrollo personal y social, de dignidad y gozo de la condición humana a la gran mayoría de los asociados. La debilidad del Estado se expresa en que no ejerce el monopolio de la violencia y la coerción; tampoco el monopolio sobre la tributación; la ley y la justicia no es plenamente acatada por todos los ciudadanos y; varias instituciones, tanto del órgano legislativo como del ejecutivo, carecen de legitimidad a los ojos escrutadores de los ciudadanos.
Ante la debilidad o crisis abierta de las instituciones fundamentales del Estado, se cierne sobre el país la amenaza de la barbarie y el caos. Múltiples actores armados, tanto de la insurgencia política tradicional, la guerrilla, como de la contrainsurgencia y de la delincuencia del narcotráfico, han creado espacios alternativos de poder que atentan contra el Estado nacional.
Asistimos a una espiral de violencia que está asesinando lo mejor de nuestra juventud y de nuestra capacidad productiva; destruye la infraestructura productiva, los recursos naturales y el frágil ecosistema; impide la inversión productiva, aleja la inversión extranjera y aplaza el desarrollo económico y social.
En consecuencia, el propósito fundamental del gobierno del Partido Verde Oxígeno, que presidirá Ingrid Betancourt Pulecio, es el establecimiento de una Colombia Nueva, donde se instaure un Estado Nacional legítimo e incluyente, con instituciones capaces de conducir a la nación al logro de los objetivos aplazados de progreso sin destrucción del medio ambiente, equidad y justicia para todos, y que nos permitan dirimir nuestras diferencias sin recurrir a la violencia y a la barbarie.
El gobierno del Partido Verde Oxígeno se propone liderar a la nación hacia la construcción de la Colombia Nueva en dos dimensiones: primero convocando a los ciudadanos, a las empresas privadas y a las organizaciones de la sociedad civil a la defensa intransigente de los bienes públicos y la construcción de una cultura productiva, vale decir, a la superación de la cultura del enriquecimiento fácil y captura de rentas especulativas y mafiosas. En segundo término, al establecimiento de una reforma política radical que establezca unas nuevas reglas del juego para el acceso al gobierno y a los cargos públicos. La reforma política radical debe garantizar legitimidad a las instituciones públicas, inclusión a los sectores tradicionalmente excluidos del poder, y transparencia y eficiencia a la gestión pública. La reforma política creará las condiciones para liquidar el clientelismo y la corrupción de las prácticas políticas en Colombia.
Compromiso Supremo con la Reforma Política Radical.
La Constitución Política de 1991 significó un avance sustantivo en el reconocimiento de derechos fundamentales a los ciudadanos y a las minorías nacionales, así como en la creación de nuevos espacios de participación política para los colombianos y la creación de instituciones que deberían garantizarle legitimidad al Estado Social de Derecho proclamado. No obstante los buenos propósitos, dos hechos protuberantes impidieron la plena recuperación de la democracia y la consolidación del Estado: primero, del pacto social fueron excluidos importantes sectores sociales y políticos, tanto legales como de la insurgencia guerrillera; y segundo, el clientelismo político, soporte del régimen que pretendió enterrarse en 1991, logró recomponerse y copar las nuevas instituciones creadas tanto en los órganos del legislativo, del ejecutivo como en el poder judicial y en las instancias de control y regulación creadas por la Constitución.
Por las razones citadas, los inmensos esfuerzos de los colombianos por reconstruir las instituciones y la legitimidad del Estado han sido superados por el escalamiento de las confrontaciones armadas con la insurgencia guerrillera y los paramilitares, la reproducción del poder del narcotráfico, y la consolidación de empresas políticas clientelistas que se apoderaron de los principales órganos del poder público y mantienen la rapiña sobre los recursos de la nación.
El gobierno del Partido Verde Oxígeno se compromete en consecuencia a adelantar una Reforma Política Radical en un proceso que implica cuatro momentos políticos:
Revocatoria del Congreso y Reforma al Régimen Electoral.
El primer acto de gobierno, recién posesionada la presidenta electa, doctora Ingrid Betancourt Pulecio, será convocar un referendo de origen popular que revoque el mandato del actual Congreso, elegido mediante una democracia de mercado que favorece las empresas políticas clientelistas, la compra de votos y conciencias, y la financiación de las campañas electorales por los grandes grupos económicos, el narcotráfico y los grupos de poder armados.
El Referendo Popular debe convocar la elección de un Nuevo Congreso sobre la base de nuevas reglas del juego que consagren la democracia real. En síntesis, las nuevas reglas de hacer política incluirán:
Una reforma al sistema electoral que establezca la asignación de curules por el método de cifra repartidora, que obtenida utilizando la sucesión de números naturales, permita repartir todas las curules por el mismo número de votos en la misma circunscripción.
Esta fórmula electoral respeta la proporcionalidad, estimula la agrupación política y hace realidad el principio democrático conforme al cual a cada ciudadano corresponde un voto, y en la conformación de corporaciones en una misma circunscripción todos los votos deben tener igual valor.
En complemento, cada partido o movimiento político tendrá la obligación de presentar una lista única para cada elección, de modo que se acabe "la operación avispa" y el individualismo electoral. Así se premiará el trabajo en equipo y no el caudillismo.
Para que lo anterior tenga los efectos esperados, especialmente aquellos relativos a la representatividad y a la gobernabilidad, se establecerá el voto obligatorio, al menos por dos elecciones. Así se podrá dar la oportunidad histórica para que la ciudadanía le dé vida a un nuevo sistema de elección, responsabilidad esta de la que ningún colombiano puede sustraerse.
Aún más, el replanteamiento irá acompañado con el otorgamiento de valor político real al voto en blanco, el cual tendrá la posibilidad de obligar a una nueva elección. Cuando sea la mayoría, no solo se convocará a una nueva elección, sino que se deberán presentar nuevos candidatos para aquellas elecciones uninominales, y habrá modificaciones y listas nuevas en las de cuerpos colegiados.
El referendo popular debe consagrar la financiación estatal de las campañas electorales.
El sistema de financiación de campañas vigente unido al clientelismo producen la lógica antidemocrática y perversa de que solo aquellos que cuentan con abundantes recursos económicos sean elegidos. O más grave aún, da la oportunidad para que las personas o empresas que financian las campañas, puedan, después de que salga elegido el candidato financiado, "cobrar retribución", lo cual, salvo contadas excepciones, consiste en leyes tributarias que los favorezcan, en trampas para otorgarles contratos con el Estado, o en otras prácticas corruptas similares. Hasta tal punto deterioró las instituciones ese sistema de financiación que llegamos a tener un Presidente financiado por la mafia de Cali y unos cuantos grupos económicos.
La política económica no puede hacerse para garantizar los intereses tributarios, financieros, comerciales de los grupos, legales o ilegales, que financian las campañas de senadores y presidentes victoriosos. Por todo eso la democracia efectiva en Colombia requiere el financiamiento exclusivamente estatal de las campañas políticas
Se requiere reestructurar la Organización Electoral de cuyo funcionamiento justo y transparente depende la legitimidad de la democracia electoral. Por eso modificaremos el método de elección de los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que sea realizada por una de las Cortes de la rama Jurisdiccional o en su defecto por el Congreso relegitimado. De cualquier manera esa elección deberá recaer en representantes de los 9 partidos o movimientos que hayan obtenido la mayor votación bajo el nuevo régimen electoral.
Reforma Administrativa y de la Justicia.
El gobierno del Partido Verde Oxígeno emprenderá de manera prioritaria una reforma administrativa que le garantice eficiencia, transparencia y legitimidad a la gestión pública.
Derecho a la información. La desinformación es una fuente de inequidad e injusticia que nos proponemos erradicar. La apropiación privada de la información pública ha permitido acumular fortunas y manipular la opinión pública nacional. Esa es una fuente de ilegitimidad de la riqueza y el poder político que debe ser cancelada de raíz para lograr el Estado legítimo, soberano e incluyente que proponemos reconstruir. Vamos a garantizar la información pública, universal, transparente, verdadera y oportuna, como un derecho de todo ciudadano, toda empresa y organización social. Esta es además la garantía de participación informada y consciente de los asociados en la construcción de la nación. El Estado se dotará de un sistema de información nacional único, transparente y confiable en todas las instancias públicas, como un instrumento para combatir la corrupción y para que la sociedad en su conjunto gane en eficiencia y participación.
Justicia expedita, transparente y justa. Tradicionalmente las élites han impuesto la ley a los de abajo, a los de ruana, mientras ellos la evaden, la manosean. Así, muchos grupos privilegiados aprovecharon su acceso preferencial al poder judicial para obtener prebendas, títulos y propiedades. A pesar de la ilegitimidad que esto acarrea, el sistema funcionaba porque los de abajo cumplían la ley, por coerción o por norma cultural y moral. Este orden incubó la exclusión, el resentimiento, y finalmente la resistencia y la insurgencia frente a la institucionalización de la injusticia.
Lo que ha sucedido en los últimos años es que los de abajo igualmente comenzaron a evadir la ley, se "democratizó" el incumplimiento de la ley y de las normas de convivencia. Importantes sectores de la sociedad decidieron hacer "justicia" por cuenta propia, "privatizar" la justicia para hacer cumplir los contratos o para imponer intereses particulares por sobre el bien común. El narcotráfico, el acceso a rentas de bonanzas (mineras y especulativas) o de apropiación privada de los recursos públicos (corrupción) y, finalmente, la aparición de grupos armados con poder territorial (guerrillas, paramilitares o delincuencia común) configuraron el escenario que condujo a la crisis de la justicia. Así se perpetró el derrumbe, o más precisamente la implosión del Estado: por la carencia de una justicia institucional, única, pública, transparente, expedita y justa, a la cual nos acojamos por igual todos los colombianos.
La Constitución de 1991 no alcanzó a restablecer la legitimidad de la justicia y de los nuevos órganos del poder judicial allí creados. A pesar de los avances experimentados, el clientelismo logró copar los espacios creados y torcer el cuello a los propósitos de la Constitución. El gobierno del Partido Verde Oxígeno propondrá al Nuevo Congreso una reforma constitucional que establezca una nueva justicia, universal, expedita, independiente, transparente y justa. Propondremos recurrir al constituyente primario para desde allí derivar la elección legítima de los principales órganos de la justicia, sin compromisos y lealtades con los electores en el Parlamento, como sucede en la actualidad.
Reconstrucción del Paradigma de la Función Pública
Durante el gobierno del Partido Verde Oxígeno adelantaremos una reingeniería de la gestión de los profesionales al servicio del Estado, reformulando el marco de la ética pública, fortaleciendo la carrera administrativa, estableciendo un régimen obligatorio para acceder a la función pública y a la carrera diplomática.
Los funcionarios públicos serán elegidos mediante concursos obligatorios y ascenderán en sus cargos gracias a una reglamentación basada en los méritos. Su función será calificada de acuerdo con los objetivos cumplidos.
Terminaremos con el sistema clientelista de las recomendaciones para ocupar cargos del Estado. De esta manera se dignificará la función de los servidores públicos. Además estableceremos programas de formación especiales y obligatorios para quienes aspiren a las elecciones locales.
Buscaremos la excelencia académica del funcionario público. Para lograr este objetivo crearemos la Escuela Nacional de Gobierno, mediante la fusión de la ESAP y la Academia Diplomática. Se establecerán especializaciones y maestrías que respondan a la reglamentación de la carrera administrativa y será obligatorio que quienes presten sus servicios al Estado se actualicen periódicamente mediante cursos académicos.
Consolidación de la descentralización democrática.
Colombia es un país de regiones, con diferentes dotaciones de recursos humanos, tradiciones culturales, especificidades institucionales y oferta ambiental. Proponemos construir la unidad nacional a partir de la diversidad cultural, étnica, ambiental y cultural que ofrecen nuestras regiones. La unidad en la diversidad es nuestra fuerza y nuestro potencial. Las instituciones públicas deben orientarse a darle sentido y oportunidad política a la consolidación de las regiones, antes que a mantener el estrecho centralismo burocrático y la homogenización castrante de la creatividad que genera la diversidad.
La descentralización política, fiscal y administrativa emprendida en Colombia desde los años ochenta debe consolidarse, creando capacidad en las regiones de definir de forma autónoma las principales estrategias de desarrollo, aprovechamiento y uso sostenible de sus recursos, y las principales decisiones tributarias y de gasto. Eso elevará el compromiso social con el futuro local y regional, la capacidad de control de los recursos para evitar el despilfarro y la corrupción, y el propio sentido de pertenencia frente a un mundo cada vez más globalizado.
Aún así, el sentido de equidad nacional obliga a mantener un sistema de transferencia de recursos desde los departamentos y regiones más desarrollados hacia los de menor capital social e infraestructura productiva, hasta alcanzar grados significativos de desarrollo e integración nacional. Los criterios expuestos serán llevados al Nuevo Congreso en un proyecto de reforma al régimen territorial, para redefinir el sentido de la descentralización democrática que necesita Colombia
Consolidaremos las regiones del país mediante la redefinición de los departamentos por eco-regiones y una reestructuración de los municipios de acuerdo con las diferentes eco-zonas del país. Habrá una Asamblea por Eco-región y un Concejo por Eco-zona.
Los ciudadanos serán fortalecidos en su capacidad de participación en el Estado. Para el efecto estableceremos la tutela que controle las decisiones de la administración pública e introduciremos las reglamentaciones necesarias para que se cumpla con el voto programático.
Los Consejos Locales y Regionales de planeación serán fortalecidos y sus orientaciones acatadas por el gobierno nacional.
Promoveremos además la realización de una Asamblea Constituyente de los Indígenas colombianos.
Eliminación autónoma nacional de la producción y tráfico de narcóticos.
La lucha por eliminar el narcotráfico en Colombia será una decisión prioritaria, irreversible, autónoma y soberana del gobierno y la sociedad colombiana. Esto es así porque entendemos que la reconstrucción de la confianza y la legitimidad de las instituciones colombianas sólo es posible erradicando la economía y la cultura mafiosa que se enquistó en importantes sectores de la economía y la sociedad, mediante la apropiación de rentas ilícitas, ya sean provenientes del narcotráfico o de la corrupción.
El Gobierno del Partido Verde Oxígeno elaborará y ejecutará un programa nacional para consolidar una economía y cultura productivas en todos los ámbitos de la economía y sociedad nacional. Esto se desarrollará mediante dos subprogramas:
Programa Nacional de Agricultura Productiva, inserto dentro de las políticas de Reforma Agraria Democrática y Productiva, y
El Programa Nacional de Cultura Productiva, un programa transversal de estímulos a los comportamientos productivos y competitivos de los diferentes agentes económicos, y de sanciones sociales, políticas y jurídicas a las prácticas especulativas y mafiosas de los mismos agentes.
La colaboración de la comunidad internacional será solicitada para la financiación de estos dos programas siempre que se evalúen en relación a los objetivos definidos autónomamente por el gobierno colombiano, no por la correspondencia de los programas con agendas e intereses estratégicos de los gobiernos aportantes.
La filosofía que orienta estas políticas es la siguiente: la decisión de erradicar el narcotráfico, la corrupción y la cultura mafiosa de los espacios económicos, sociales e institucionales pervertidos en Colombia, constituye una prioridad para la supervivencia de la Nación y para la reconstrucción de la legitimidad del Estado colombiano. Los colombianos nos salvamos a nosotros mismos o nos hundimos sin salvación verdadera. Un orden impuesto desde fuera de nuestra propia sociedad será siempre un orden falso, inestable y depredador. Sólo de forma subsidiaria la comunidad internacional puede ayudarnos en este propósito nacional.
Más importante aún: nuestros hijos deben recibir el mensaje cultural adecuado y no el equivocado que les está enseñando la sociedad actual. Para tener éxito en la vida como ciudadanos y como nación es necesario producir, no especular; trabajar y no apropiarse de rentas; hacer la fila y no saltarse los turnos; crear e innovar y no repetir de forma acrítica el saber ajeno; defender el bien público por sobre el bien privado; respetar las normas y leyes acordadas consensualmente y no imponer la voluntad particular; organizarse para producir y competir, no para defender privilegios y rancios abolengos.
Colombia Nueva significará una profunda revolución cultural que cambiará la cultura mafiosa, especulativa y excluyente, por una cultura productiva, solidaria e incluyente.
Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de la Colombia Nueva.
Con el propósito de establecer un nuevo pacto social básico de refundación del Estado Nacional legítimo e incluyente, expresión viva de la Nueva Colombia, el gobierno del Partido Verde Oxígeno convocará a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente o Convención Nacional. Este evento fundacional social debe ser el resultado final de las negociaciones de paz que el gobierno, encabezado por Ingrid Betancourt Pulecio, realizará con los movimientos insurgentes.
En suma, el liderazgo del Partido Verde Oxígeno y de Ingrid Betancourt Pulecio en la presidencia de la República debe permitir a Colombia alcanzar tres metas: primero, convocar con éxito al conjunto de la sociedad a la instauración de una cultura productiva, moderna y competitiva, como bien público inalienable; segundo, a la realización de una reforma política radical que elimine el clientelismo y la corrupción; y tercero, a la reconstrucción de un Estado Nacional legítimo e incluyente, que garantice una paz duradera con justicia social para todos los colombianos.
Nuestro compromiso internacional
Por su parte, en el nuevo escenario internacional, la base de nuestra política exterior será una independencia comprometida con la lucha mundial contra el terrorismo y un mundo pluripolar; compromiso con el derecho internacional humanitario; compromiso decidido con la globalización y la integración regional abierta; participación en la resolución multilateral de los conflictos internacionales.
Con respecto a nuestras diferencias comerciales, en particular con nuestros vecinos como Venezuela, que ha establecido una serie de restricciones a la entrada de productos colombianos, si su gobierno no respeta los acuerdos internacionales y regionales apelaremos a todas las instancias previstas en el derecho internacional y regional. Si ello no logra resultados suficientes, aplicaremos derechos compensatorios que compensen los daños económicos causados a nuestros productores.
En cuanto al Acuerdo de Cartagena que ha entrado en una etapa de estancamiento político, en buena parte por la crisis internas de sus integrantes, ha llegado la hora de hacerle cambios a este proyecto de integración. Ha llegado la hora de reforzar el proceso de integración de manera distinta. Todos nuestros países han seguido políticas monetarias y fiscales restrictivas, en un marco de privatización y apertura, que han revaluado sus tasas de cambio real y mantenido tasas de interés real exageradas, reduciendo gravemente la rentabilidad y competitividad de sus empresas. Como consecuencia, todos han reducido sus inflaciones pero acabado en graves crisis económicas de crecimiento y desempleo. Con ello nuestras poblaciones han perdido fe en nuestros procesos democráticos que tampoco han sido completos. Nuestra integración comenzará a ser exitosa cuando nuestras economías comiencen a funcionar adecuadamente. Para ello, con nuestra nueva política económica de crecimiento, buscaremos liderar con el ejemplo una mayor harmonización de las políticas macroeconómicas que haga viable nuestras metas de integración económica: libre tránsito de mercaderías, capitales y personas en un ambiente de crecimiento con estabilidad y equidad.
Plan Colombia y negociación para la paz
En ese contexto, haremos los cambios necesarios al funcionamiento del Plan Colombia para asegurar que sea un programa de promoción y no sólo de combate. Será urgente complementarlo con gestiones diplomáticas para la promoción de nuestras exportaciones y de nuestra producción nacional.
Finalmente, en términos de la paz en Colombia, nos comprometemos con la negociación y una paz justa. La violencia sólo trae violencia, pero la negociación improvisada y desde la debilidad tampoco da resultados. Necesitamos negociar con firmeza y con esperanza, pero necesitamos negociar sobre temas concretos y no una lista de mercados o reivindicaciones sindicales. El problema en discusión es el poder. Lo que la guerrilla quiere es todo el poder, lo que la democracia puede ofrecer es más democracia. Ello implica una verdadera reforma política que elimine el clientelismo y la corrupción desde el Estado y una verdadera cesación de hostilidades por parte de la guerrilla.
Queremos continuar creyendo que las FARC siguen siendo un grupo preocupado por lograr una mayor justicia en Colombia. Pero no se puede desconocer que algunos de sus miembros mantienen tratos y apoyan al narcotráfico, tal vez como estrategia de combate contra el establecimiento, pero no por eso menos corrupto. Las FARC tienen que limpiar su propia organización de esos individuos y esas prácticas y desterrar actos que representan una flagrante violación al derecho internacional humanitario, como los secuestros. Entonces podremos continuar pensando que su ideología, que no compartimos, es su norte, la política su preocupación principal y la violencia una estrategia que están dispuestas a eliminar.
Si el conflicto interno en Colombia fuera un conflicto entre dos ejércitos regulares, la expansión militar sería suficiente. Pero no lo es porque el conflicto tiene otras características. Por eso la respuesta debe ser principalmente de inteligencia y de contención militar si las negociaciones de paz desde una perspectiva diferente no dan resultados.
LA REFORMA ECONÓMICA
La reforma económica contempla aspectos que se vinculan al manejo económico y al tratamiento de los principales problemas sociales del país. Parte de una clara definición del objetivo principal de la nueva política económica: Alcanzar una elevada tasa de crecimiento económico en términos del producto interno bruto (PIB) que es el indicador que mide la producción de bienes y servicios. Seguidamente se describen sus principales componentes.
Crecimiento económico, objetivo fundamental de la política económica
La economía colombiana necesita crecer, porque es la única manera de incrementar el bienestar y el nivel de vida de los colombianos y porque sólo creciendo podrá resolverse el grave problema de desempleo que agobia a la sociedad colombiana. Sólo una expansión sostenida del aparato productivo generará la demanda de mano de obra suficiente que satisfaga una oferta que cada día se hace más abundante. Ningún programa de emergencia lo hará.
¿Porqué la economía colombiana crece tan poco? Porque las políticas monetaria y fiscal, vigentes durante los últimos años, de manera sistemática, han restringido la demanda y, más grave, al generar una estructura de precios inconveniente, han reducido la rentabilidad y la competitividad de la actividad productiva y, con ello, han desincentivado la inversión privada, nacional y extranjera. La actual tasa de inversión privada colombiana no es sólo ridícula, 5% del PIB, sino que ha venido descendiendo sistemáticamente desde hace varios años. Los países asiáticos durante los años en que alcanzaron altas de crecimiento económico, de 8-10% anual durante largos períodos, tenían tasas de inversión del orden de 30-40% del PIB por año.
¿Es posible crecer a tasas importantes, como las que alcanzaron esos mismos países? Si lo es, a través de una política económica que en el corto plazo, mientras haya capacidad instalada ociosa de hombres y máquinas, expanda la demanda y con ello las utilidades de las empresas y, en el mediano y largo plazo, con esos recursos y con una rentabilidad productiva adecuada, induzca el crecimiento de la inversión privada para expandir la capacidad de producción del país.
Ese crecimiento debe acompañarse con estabilidad de precios y con equidad, para posibilitar la inversión y garantizar la paz social. Por ello, la prudencia y la sincronización de las medidas económicas deben ser partes importantes de esta estrategia. Sin ellas es imposible garantizar su éxito. Todo ello debe tener un solo propósito: Mejorar la calidad de vida de la población colombiana.
Esperamos que, rápidamente, la economía colombiana alcance tasas de crecimiento del PIB del orden de 6-8% anual, que al final del cuatrienio pueda continuar creciendo fuerte y sostenidamente y que ello se logre con tasas de inflación bajas que no sobrepasen un dígito.
La estrategia económica: Mayor demanda e inversión, nueva estructura de precios
La actual política económica colombiana se basa en lograr un buen comportamiento de los principales agregados macroeconómicos dejando de lado las rentabilidades sectoriales. El resultado es claro. Se ha conseguido una inflación bajo control y una reducción significativa del déficit fiscal, pero acompañados de un crecimiento económico insuficiente, que no muestra síntomas de recuperación, y de alarmantes niveles de desempleo. Eso debe cambiar.
La actual estrategia económica se ha concentrado en un afán excesivo por reducir la inflación y el déficit fiscal. Para tal fin, las políticas monetaria y fiscal se han mantenido restrictivas. Las mismas han mantenido elevada la tasa de interés real, reducida la tasa de cambio real, elevados los precios de los combustibles y los impuestos. Esa estructura de precios ha reducido sistemáticamente la rentabilidad unitaria de las actividades productivas, que deben enfrentar los retos de la globalización, volviéndola cada vez menos competitiva.
Al mismo tiempo, esa política ha reducido la demanda privada y pública generando una situación de restricción en los volúmenes de ventas. Baja utilidad unitaria y pobres ventas, solo puede traducirse en utilidades totales insuficientes que desincentivan la inversión privada, en un contexto en el que la inversión pública también ha sido reducida por la restricción fiscal. Debemos ser claros: Sin demanda no hay crecimiento y sin inversión no hay expansión productiva. Eso se llama inducir la recesión. Eso tiene que cambiar. Se requiere una nueva estrategia económica.
Para rentabilizar y hacer más competitiva la actividad productiva privada, la política económica debe cambiar la estructura de impuestos y de los precios básicos de la economía. Eso significa mayor tasa de cambio real, menores tasas de interés reales, menores impuestos (directos e indirectos) y precios y tarifas de servicios y bienes públicos a niveles internacionales. Debe estar acompañada de una regulación que con una legislación adecuada y un respaldo político suficiente propicie la existencia de mercados competitivos, en beneficio de consumidores y de productores no monopólicos.
Para lograrlo, se requiere, en primer lugar, aplicar una política fiscal y monetaria razonablemente expansiva, la única razonable en situación de recesión para generar una mayor demanda, acompañada de una reestructuración de los precios relativos.
La reactivación de la demanda con emisión monetaria se hará con mayores créditos al sector financiero y con compra de divisas para garantizar una tasa de cambio competitiva. Parte se hará con financiamiento parcial del déficit fiscal, lo cual tiene sentido con cero corrupción y con una reducción de la nómina gubernamental que elimine el clientelismo de la actividad estatal. La política monetaria no puede ser una rueda suelta en las políticas públicas. Tampoco puede diseñarse exclusivamente con fines anti-inflacionarios. Tiene que estar coordinada con el propósito fundamental de fomentar la inversión y de crecimiento económico en un ambiente de estabilidad de precios y de equidad en el proceso de distribución de los beneficios de ese crecimiento. No se trata de que el Banco de la República tenga un programa especial, suelto y desconectado, del resto de la política económica. Eso no tiene sentido.
La reestructuración de precios se traducirá en:
1. El aumento de la tasa de cambio real. El aumento del consumo se dirigirá entonces hacia nuestra producción nacional y nuestras exportaciones crecerán, mejorando nuestra balanza de pagos y restableciendo la confianza en la capacidad de pago del país.
2. Otra parte consistirá en la reducción de la tasa de interés a niveles próximos a las internacionales. Para ello es necesario aumentar la liquidez de los bancos, reducir los niveles de concentración del sector financiero y rebajar sus costos operativos. Eso requiere una política monetaria y una regulación audaz que aumente los recursos y la eficiencia del sector.
3. La tercera parte consistirá en hacer que los precios de los servicios públicos sean competitivos en el ámbito internacional. Para ello modificaremos la estructura regulatoria de tal manera que la rentabilidad que se garantice a las empresas que ofertan dichos servicios sea compatible con la situación económica y sus costos se ajusten como producto de una mayor eficiencia.
4. Finalmente, la rentabilidad y competitividad será reforzada con un recorte drástico en los impuestos para disminuir los costos productivos de nuestras empresas es inaplazable. Reduciremos progresivamente el IVA al 10%, el impuesto de renta al 30% y eliminaremos el impuesto a las transacciones financieras del 3 por mil. La señal será clara: el que invierte y genera empleo saldrá premiado.
Nuestra estrategia consiste también en hacer que nuestros mercados sean más competitivos y transparentes. La finalidad de la regulación económica es hacer que los mercados sean más competitivos y transparentes. Los organismos de supervisión deben orientar su labor en ese sentido. Para ello se requiere una buena legislación pero, sobretodo, decisión y voluntad política para respaldar la aplicación de la ley. Ejemplos recientes, como la fusión de dos aerolíneas que le costó el puesto a un funcionario probo que lo que hizo fue aplicar la ley, no deben repetirse.
Nuestra misión será combatir los monopolios y los oligopolios, en todos los mercados, para hacer que estos sean lo más competitivos posibles. Nuestra gran ayuda será la globalización y nuestro mejor elemento de protección contra los excesos de esa globalización será una tasa de cambio real creciente, que no permitiremos que se revalúe en términos nominales y reales, como ha ocurrido desde hace varios años y ahora, porque una parte del Estado trae dólares para financiar su déficit mientras que la otra parte no hace nada por impedirlo, como comprar dólares para aumentar sus reservas internacionales.
Parte del esfuerzo consistirá en fortalecer el mercado de capitales, indispensable para crear nuevas opciones de financiación para el sector productivo. Ello permitirá adicionalmente transitar de una sociedad de asalariados a una de accionistas, el mejor seguro contra el desempleo, a la vez que mantener niveles de ahorro e inversión acordes con las necesidades del crecimiento.
Hasta hoy, la política económica se ha reducido a un ejercicio contable de grandes agregados monetarios y fiscales. Se ha olvidado que el Estado puede con su actuar enriquecer a unos y quebrar a otros. Ese poder no puede estar al servicio de quienes financian las campañas presidenciales. Nuestro propósito es romper con el pasado y construir una Colombia Nueva, garantizando que todos puedan generar riqueza en igualdad de condiciones, en un marco previsible, estable y seguro.
No hay duda que la estrategia descrita implica una renegociación de objetivos, metas e instrumentos con el Fondo Monetario Internacional. La actual política está mas preocupada de reducir la inflación que en crecer, menos aún, en hacer que los resultados del proceso económico se distribuyan equitativamente. Ya es tiempo de modificarla. La nueva negociación no será un problema porque esta propuesta es consistente y está sustentada.
Finalidad del crecimiento: Creación de empleo adecuado
Colombia no puede seguir con niveles de desempleo que bordean el 20% de la población económicamente activa y de subempleo del orden de 30% de dicha población. El desempleo en Colombia, siendo en parte un problema de flexibilidad laboral, es fundamentalmente el resultado de la errada política económica que se ha implementado durante los últimos años.
La recesión ha hecho que el número de personas en búsqueda de trabajo crezca por encima de la generación de nuevas plazas laborales. A pesar que las empresas tienen capacidad instalada ociosa, que les permitiría mayores niveles de producción y de empleo, se enfrentan a bajos niveles de demanda agregada y, por eso, no producen. A su vez, altas tasas de interés, una tasa de cambio real insuficiente, precios de combustible elevados y mayores impuestos contraen la rentabilidad y, por eso, no invierten.
Bajo este escenario, una estrategia alternativa para generar empleo tiene que estar relacionada directamente con aplicar la política económica indicada, que tenga por objetivo el crecimiento de la economía. Esa política será, como se indicó, una política monetaria y fiscal razonablemente expansiva al servicio de la rentabilidad de las actividades productivas, que al cambiar la estructura de precios incentive la inversión y al aumentar la demanda genere crecimiento para generar fuentes de empleos. Lo que haremos es rentabilizar la actividad productiva en el menor tiempo posible.
Aspiramos a que la economía crezca en el orden de 6% a 8% al final del cuatrenio con una política económica diseñada para tal fin que permita poner a trabajar a nuestras mujeres y hombres desempleados y a nuestras máquinas desperdiciadas. Nuestras estimaciones indican que por cada punto de crecimiento del PIB, el desempleo debe reducirse en 0.6%. De tal manera, para reducir nuestra tasa de desempleo a 10%, la economía debería crecer a una tasa promedio de por lo menos 4% anual en los próximos cuatro años. Pero esto es un proceso acumulativo de tal manera que a mayor crecimiento, el desempleo se reducirá cada vez más rápidamente. Actualmente, creciendo al 1.5%, la tasa de desempleo no se reduce porque lo único que esta tasa consigue es absorber con dificultad el crecimiento de la población.
Por su parte, la gran preocupación de la política laboral del actual gobierno es la flexibilización de los contratos laborales. Se dice que sin esa flexibilización las empresas no pueden competir. Falso. No existe conciencia que esa falta de competitividad es consecuencia de la reducción sostenida de la rentabilidad productiva debido a la política económica vigente. Tampoco existe conciencia de que los costos laborales en Colombia son un problema de productividad. Si el crecimiento de los costos laborales fuera menor que el crecimiento de la productividad, las empresas no tendrían problemas en ese sentido.
Lo que ha sucedido últimamente en Colombia es que el costo por trabajador ha aumentado sin estar acompañado por aumentos de la productividad en un contexto de reducción de rentabilidad unitaria. No ha sido posible que aumente la productividad laboral porque la recesión inducida por la política económica no lo permite. En ese contexto, de nada sirve flexibilizar las condiciones laborales porque la productividad nunca va a aumentar por encima de los costos laborales.
Lo que se requiere es aumentar la productividad laboral y eso pasa, en el corto plazo, por reactivar de inmediato la economía colombiana. A largo plazo, es necesario invertir en educación, infraestructura, investigación y desarrollo. Pero, no hay duda, lo más importante es aplicar una política económica que estimule la rentabilidad empresarial para que aumente la inversión y, por lo tanto, el crecimiento de las actividades productivas.
Finalmente, lo que sí pondremos en vigencia es un seguro de desempleo. El seguro de desempleo no va a resolver el problema del desempleo y subempleo. El seguro de desempleo será un mecanismo para garantizar a nuestra población más pobre, que no tiene otra posibilidad de ingreso, acceso a una vida digna y honrada. Por eso sólo será entregado a aquellas personas de estrato 1, 2 o 3, empezando por los desplazados. Tampoco será un mecanismo que propicie el ocio. De tal manera, sólo será entregado en forma temporal, en contraprestación a aquellos que estén dispuestos a participar de un empleo temporal organizado por los municipios y supervisado por la Red de Solidaridad Social considerando los censos del SISBEN. Esas ocupaciones temporales desarrollarán pequeñas obras comunales y locales con veeduría ciudadana. Será financiado con recursos fiscales y apoyo internacional.
El problema de la deuda: Un falso dilema
Si un empleado colombiano ganando 2 millones de pesos mensuales, tomara un crédito hipotecario por 36 millones de pesos, a pagar en 15 años, a una tasa de 25 por ciento anual, nadie se escandalizaría. Sería absolutamente normal. Sin embargo, la deuda representaría 1.5 veces su ingreso anual. La preocupación principal del banco estaría relacionada con la capacidad de pago de nuestro deudor y no con el tamaño de la deuda.
En Colombia hemos asistido últimamente a un debate intenso sobre el tamaño de la deuda colombiana, de 38 mil millones de dólares, equivalente a 47.7% del PIB. A la luz de los problemas argentinos, autoridades y columnistas económicos y políticos han insistido sobre el peligro de seguir endeudándose. Lo que está implícito es que como ese endeudamiento es resultado del déficit fiscal, lo que debería hacerse a toda costa es eliminar el déficit que induce ese endeudamiento.
Por otro lado, casi simultáneamente estamos asistiendo a una revaluación de la tasa de cambio nominal y real como consecuencia del ingreso de dólares para financiar el déficit público. Esa revaluación, en cambio, parece no preocupar a las autoridades económicas y a muchos de los mismos columnistas.
La situación sería risible sino fuera trágica. Mientras que cunde el pánico por el tamaño de la deuda, las autoridades se despreocupan de la capacidad de pago del país. Se despreocupan de la tasa de cambio real que es el principal elemento para fomentar nuestras exportaciones y restringir las importaciones y, con ello, garantizar nuestra capacidad de pago. Se preocupan menos aún por la situación de los precios básicos que se concretan en una tasa de interés elevadísima, una tasa de cambio revaluada y precios de combustible y energía por encima de los estándares internacionales.
Sólo una economía con actividades rentables y competitivas garantiza inversión, crecimiento, empleo y sectores fiscal y externo equilibrados. Sólo ella garantiza la capacidad de pago del país. El tamaño de la deuda colombiana, elevado con relación al PIB, no es un problema en sí. De hecho, Japón tiene una deuda que llega a 130% del PIB. El problema se da cuando la economía no genera suficientes recursos para poder pagarla sin asfixiar sus importaciones.
No tiene sentido que la economía colombiana continúe endeudándose y al mismo tiempo ponga en peligro su capacidad de pago revaluando la tasa de cambio y manteniendo costos financieros desproporcionados. Tampoco el sector público puede seguir endeudándose a tasas de interés muy por encima de las vigentes en el mercado internacional o en el mercado nacional para financiar gasto corriente. El endeudamiento externo tiene sentido cuando financia proyectos de inversión, que a su vez, permitan desarrollar mercados, expandir la actividad económica privada y generar las divisas suficientes para pagarla.
Tres aspectos merecen una consideración especial en la reforma económica: El desarrollo del sector externo, la construcción del mercado de capitales y la expansión del sistema de microfinanzas. Los siguientes acápites tratan sobre ellos
La política comercial: Más exportaciones para crecer
El comercio exterior colombiano se enmarca en los Acuerdos Multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese marco, la actual política comercial se orienta a promover las exportaciones no tradicionales teniendo a la tasa de cambio y al "Plan Estratégico Exportador 1999-2009" como los principales instrumentos. Sin embargo, la tasa de cambio está revaluada y el Plan no se cumple a cabalidad. Es por ello necesario cambiar los rumbos de la política comercial nacional.
Para el efecto debe considerarse que la recomposición de la estructura productiva y de consumo colombiana en favor de los servicios se dio principalmente por factores como el proceso de apertura comercial. Esa apertura, al no estar acompañada de una política macroeconómica adecuada, en particular cambiaria y de crédito, disminuyó la potencialidad competitiva del sector exportador. Si bien el valor de las exportaciones colombianas de los últimos años ha crecido gracias a exportaciones como petróleo y carbón y a sus buenos precios internacionales, otras potencialidades en el sector primario y manufacturero, en particular el sector agroindustrial, han sido totalmente descuidadas.
El sector externo debe transformarse en uno de los motores del crecimiento del país. Para el efecto, dado el marco internacional, en el cual no tiene sentido el debate apertura vs proteccionismo, es el momento de armonizar la política económica con dichos hechos. En la actualidad, no son los países quienes compiten, son las empresas. Con el apoyo del Estado será posible recuperar su rentabilidad y, por consiguiente, la rentabilidad de la economía. La idea es crear un marco de selección natural y a partir de ellos fortalecer estrategias competitivas, en particular para los sectores no tradicionales. Para el efecto, nuestra política económica, como ya se ha indicado:
Establecerá una tasa de cambio real adecuada y crédito abundante a tasas de interés real competitivas. Asimismo, estimulará la competitividad por medio de herramientas de promoción de exportaciones para lo cual se ofrecerá una gama variada de recursos, que acompañará la reestructuración de los precios básicos. En particular, articulará una política de recuperación y creación de infraestructura tendiente a reducir los enormes costos de transporte a lo largo y ancho del territorio nacional.
Paralelamente se contará con una política de defensa y seguridad nacional sobre los corredores viales por medio de los cuales transitarán nuestras exportaciones. El objetivo de esta política es disminuir los costos de transacción asociados a la actividad exportadora. El tema de la seguridad es clave para la producción nacional y, por consiguiente, para las exportaciones, ya que envía señales sobre la estabilidad institucional y económica del país a los agentes nacionales e internacionales.
La estabilidad institucional involucrará también el establecimiento de reglas de juego claras, procedimientos burocráticos estandarizados y simplificados, que puedan tramitarse a través de ventanillas únicas en el Ministerio de Comercio, y coherencia en las acciones al interior del gobierno.
A su vez, el Estado recuperará su papel como proveedor de asistencia tecnológica a través de instituciones como el SENA y Colciencias. Para ello, se reforzará la capacitación de la mano de obra no calificada vinculada a los sectores exportadores y a los que operen con capacidad instalada ociosa. Esta política permitirá atacar también el problema del desempleo. Con Investigación y Desarrollo se reforzará nuestro proceso de crecimiento económico a tasas elevadas.
Adicionalmente, el Estado incrementará su gestión externa en pro de las exportaciones, a través de misiones comerciales y sus oficinas en el exterior, para identificar y crear nuevos mercados y buscar acuerdos comerciales favorables, en especial para los sectores de enclave y aquellos que absorben gran cantidad de mano de obra (trabajo calificado y no calificado).
El esfuerzo exportador involucrará la concertación entre el Estado, los productores e inversionistas, a través de los gremios de la producción y de las exportaciones, y las universidades y organismos de investigación. El objetivo es establecer metas de exportación sobre las cuales se basará el apoyo del Estado. El objetivo es la creación de confianza por parte del gobierno ante la sociedad.
En resumen, se construirá una plataforma macroeconómica y sectorial consistente con las realidades nacional e internacional que permita hacer la selección de los mejores sectores, es decir, aquellos que agregan mayor valor a los procesos, de forma que se identifiquen los más competitivos y sobre ellos resida la penetración de los mercados externos. Con ellos se constituirá el verdadero motor de crecimiento de la economía y se logrará una orientación adecuada de los recursos públicos.
Mercado de capitales: de la sociedad de asalariados a la de accionistas
El mercado de capitales en Colombia ha sufrido una fuerte contracción en los últimos años. Actualmente el tamaño del mercado accionario es de aproximadamente $ 11 mil millones de dólares que equivalen a 12% del PIB, mientras que en el 1997 alcanzaba un máximo de $ 22.6 mil millones (21% del PIB). Adicionalmente, es uno de los más pequeños del mundo con un volumen de transacciones en bolsa de 0,3% del PIB. El volumen promedio diario de transacciones ha caído a US$ 1.5 millones desde un máximo de US$ 7.3 millones en enero de 1998
Actualmente no constituye un fuente importante de financiamiento para las empresas del país, pues hay muy pocas inscritas y de las inscritas solo 20 o 30 la utilizan verdaderamente para captar recursos. Si bien las necesidades de recursos que financien la actividad productiva es enorme, los canales habituales como el mercado de capitales y el sector financiero atienden a una pequeña minoría. Las preferencias de los ahorradores en Colombia por inversiones en CDT y cuentas de ahorro son evidentes en comparación con la alternativa de las acciones. La falta de confianza en el mercado no sólo ha impedido que los colombianos opten por este mercado sino que ha generado salidas de capitales de los inversionistas extranjeros que entraron al país durante el boom de principios de la década pasada.
Para atraer inversión extranjera y nacional, el mercado colombiano debería poseer cuatro características: justo, eficiente, líquido y transparente. Un análisis cercano permite identificar como problemas principales los relacionados con los temas de justicia y transparencia. Los accionistas reciben tratos diferenciados de acuerdo a la participación que posean de las compañías y es así como se dan tratos preferenciales a los accionistas mayoritarios en detrimento de los minoritarios, dando lugar a una discriminación inútil, injustificada, y lo que es peor, generadora del estancamiento del mercado de capitales por la falta de incentivos para que entren nuevos agentes con capitales frescos y con iniciativas y estrategias innovadoras.
En tal sentido, es necesario establecer un sistema de incentivos y reglas de juego que equilibren las interacciones entre los emisores, los intermediarios y los inversionistas. Esas reglas de juego e incentivos se concretarán en una nueva legislación y en acciones de política que contemplarán:
Reglamentación que facilite la participación de los fondos de pensión en el mercado con el fin de profundizar y expandir el mercado de capitales.
Reducción en los volúmenes de emisión de deuda del gobierno, para reducir el copamiento de los recursos por parte del Estado y retirar presiones sobre el mercado de capitales en lo referente a la competencia por los escasos recursos de la economía.
Mayor transparencia y gobernabilidad en las empresas. Para ello, mediante esquemas tributarios diferenciadores, se estimulará en las empresas el desarrollo de modelos de evaluación de personal y de incentivos variables según desempeño, de manera que los intereses de los empleados puedan alinearse con los del accionista.
Protección de los derechos de propiedad para estimular la creación de nuevos productos y servicios que ofrecen las empresas, de manera que sea posible enfrentar las crisis internas de demanda y externa con nuevos productos y nuevos mercados.
Mayores rentabilidades y perspectivas de crecimiento en las empresas. Este es el factor más importante en el desarrollo del mercado de capitales pues justifica su razón de ser y existir. La política económica anteriormente indicada, de incremento de la rentabilidad esperada de las empresas, apunta en este sentido. De tal modo, los papeles de renta fija dejarán de ser atractivos para los inversionistas como lo son ahora, estimulando el desarrollo del mercado de capitales.
Microfinanzas: Crédito para los pobres para la superación de la pobreza
No hay duda que sólo el crecimiento de la economía puede proporcionar una salida viable y sostenida de la pobreza. Sin embargo, existen una serie de instrumentos que pueden acelerar ese proceso. Tal vez, el más eficiente y el que mayores éxitos ha experimentado en el ámbito mundial es el sistema de microfinanzas.
Las evidencias empíricas internacionales de este tipo de experiencias (p.e. Grameen Bank en Bangladesh) han demostrado que el sistema de microfinanzas representa un apoyo importante para generar procesos de autoayuda, mejoramiento de la calidad de vida, transformaciones culturales positivas, y desarrollo social y económico sostenible entre las poblaciones más pobres de la sociedad. Pero para que funcionen deben cumplir seis características fundamentales: 1) créditos para pequeñas inversiones, 2) garantías solidarias, 3) selección y aprobación de proyectos por la misma comunidad, 5) desplazamiento de la institución financiera hacia la comunidad, 5) ahorros pequeños por parte de los prestatarios y 6) pequeños aportes de capital de los prestatarios a la empresa.
En Colombia, las experiencias de microfinanciación, particularmente con fondos rotatorios, han sido desarrolladas por múltiples organizaciones, en contextos y poblaciones diversas, sin mayor impacto. Por sus características tradicionales resultan con costos operativos muy elevados, por falta de garantías adecuadas los créditos se pierden fácilmente y por falta de una vinculación sólida entre prestarios e institución no existe una relación solidaria entre ambos. Se tiene mayor conocimiento de los fracasos y ello ha generado actitudes de prevención a la hora de abordar este tema desde la institucionalidad. El poco éxito puede explicarse por la ausencia de las características propias de las experiencias exitosas y por la falta de una regulación que permita el desarrollo de ese tipo de esquemas y de las instituciones financieras no tradicionales que lo desarrollen, lo cual evidencia limitaciones conceptuales, metodológicas y operativas en el campo de la microfinanciación.
Para desarrollar en Colombia un sistema exitoso de microfinanciación se ofrecerá un decidido apoyo del Estado a las iniciativas privadas al respecto y se adelantará una legislación y regulación financiera especial que considere:
Definición del concepto de microfinanzas en los términos de las experiencias exitosas.
Reglamentación especial de las instituciones financieras que operen bajo dicho esquema.
Redefinición de las normas para las garantías y las provisiones.
Redefinición de los requerimientos de capital para las instituciones financieras que operen en el esquema de microfinanzas.
Reglamentación de las condiciones de operación del sistema, en términos de flexibilidad y pertinencia: Tipos de crédito, líneas de crédito, mecanismos de acceso al crédito, factibilidades, montos, plazos, formas para otorgar créditos, formas y plazos de reembolsos, tasas de interés libres, garantías solidarias, sanciones, incentivos, procedimientos para garantizar la recuperación de cartera, castigo de cartera, fondos de garantías, ahorros de los usuarios y controles administrativos, aportes de capital.
Apoyo a la agricultura
Nuestro sector agropecuario ha sido abandonado en perjuicio de una gran parte de nuestra población que vive del campo. Necesitamos protegerlo y el mecanismo para ello es la tasa de cambio real. Por otro lado, ya es tiempo de establecer aranceles compensatorios, como lo hace Estados Unidos, para determinados productos que se encuentran subsidiados por sus respectivos gobiernos. Nuestras misiones comerciales en el exterior deberán colaborar en la identificación de esos productos y de los mecanismos que usan dichos gobiernos para poder compensarlos de manera adecuada y justa.
Por su parte, gran parte del problema de los productores colombianos de café, como el resto de los productores agropecuarios, está en la tasa de cambio real y la tasa de interés real. La nueva política económica ayudará a su solución. Por otro lado, ciertamente, los precios internacionales del grano de café están en niveles bajísimos, pero ese es el precio para el productor y no para el consumidor que sigue pagando precios elevados por una tasa de café en cualquier restaurante en el mundo. Necesitamos aumentar el procesamiento nacional de café y llegar a los mercados internacionales con dicho café torrado y procesado. La Federación Nacional de Cafeteros ha dedicado gran parte de sus recursos y esfuerzos a expandirse horizontalmente. Es tiempo que mude de estrategia y lo haga hacia adelante, integrando la producción del grano con su industrialización y comercialización internacional. Para eso, ayudaremos a financiar la industrialización y la comercialización internacional del café con excepciones fiscales especiales a aquellos industriales que estén dispuestos a ayudar al millón de familias cafeteras haciéndolos partícipes de esa riqueza que todavía está allí para beneficiar a los colombianos.
LA INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA
Dos sectores que contribuyen a la infraestructura económica merecen una consideración especial: La vivienda y construcción y la energía. A continuación se presenta la Política de Colombia Nueva sobre esos sectores:
La vivienda y construcción en una Colombia Nueva
La cartera hipotecaria vencida en Colombia ha vuelto a situaciones de extrema gravedad. Cuando en 1999 la crisis financiera estaba en su momento más crítico, la cartera vencida estaba en 19%. En enero del 2002, el 21.7% de los créditos hipotecarios tenía un vencimiento de más de cuatro meses. Por otro lado, en las principales ciudades colombianas existe una enorme cantidad de oferta inmobiliaria de estratos altos que no es cubierta. En todas las ciudades de Colombia, la cantidad de viviendas de estratos 4, 5 y 6 que se ofrecen en alquiler o venta sobrepasa largamente la demanda.
Es decir, la gente de menores ingresos no tiene vivienda pero tampoco tiene con que pagar una nueva, mientras que la de mayores ingresos no genera un demanda suficiente para la enorme oferta inmobiliaria que existe.
El problema actual de la vivienda en Colombia sigue siendo básicamente un problema de ingresos y no habrá política sectorial que la resuelva. No hay forma de arreglar el problema desde una óptica sectorial, otorgando subsidios a los prestatarios, que son trasladados a los constructores, o ampliando el créditos para vivienda que, además, tienen tasa de interés real que continúan triplicando las tasas internacionales.
Por otra parte, el problema con la construcción de infraestructura económica es que su principal fuente, la inversión publica, cada día se encuentra en niveles más deprimidos. Con el afán de reducir el déficit fiscal, sin afectar la estructura del gasto (que continúa siendo clientelista) y aumentando los impuestos (pero no la recaudación por la recesión), la inversión pública ha sido reducida a niveles bajísimos. Con una tasa de inversión pública que no llega al 6% del PIB, no hay posibilidad de desarrollar la infraestructura económica que necesita Colombia. Sin esa inversión no hay construcción significativa. A su vez, tampoco hay construcción de infraestructura privada porque no hay inversión privada. La tasa de inversión privada es menor al 5% del PIB, probablemente una de las tasas de inversión más bajas, sino la más baja, de América.
Es decir, no hay demanda para vivienda y tampoco hay recursos para construcción de infraestructura económica. En ese contexto, nuevamente, como ya lo hemos repetido, cambiaremos la política económica para que la vivienda y construcción vuelvan a florecer en Colombia. Rentabilizaremos la actividad productiva, para generar utilidades y viabilizar la inversión. Ello será el resultado de la reestructuración de los precios básicos de la economía (que contemple una reducción drástica de la tasa de interés) y el aumento de la demanda interna y externa. Sólo así crecerá la economía; en el corto plazo con demanda y en el mediano y largo plazo con inversión. Sólo así aumentará el nivel de ingreso y se reducirá el desempleo, razón principal de la carencia de ingreso en las familias.
Sin esa nueva política, plantear que en la situación actual la construcción de vivienda e infraestructura va a jalonar el resto de la economía en Colombia es ilusorio. La solución descansa, necesariamente, en plantear una nueva política económica orientada al crecimiento y a generar empleo e ingreso.
El sector hidrocarburos y el desarrollo energético para el crecimiento sostenido
Una de las características más perniciosas de la política petrolera colombiana es la continua variación en las reglas contractuales que rigen la actividad. Los frecuentes cambios contractuales se deben a la orientación de corto plazo de la política del Estado y a la manera en que esa orientación es decidida de manera autónoma por el Presidente de la República, sin ninguna consulta ni siquiera al poder legislativo.
Por otro lado, existe una baja actividad exploratoria. En todos los años de la historia petrolera colombiana la perforación exploratoria ha sido de 23 pozos por cada 10,000 kilómetros cuadrados, cuando el promedio mundial es de 105. Ello
es consecuencia del poco compromiso por parte del Estado, el cual ha seguido una política petrolera que no contempla la industrialización del crudo; siendo la capacidad de carga de las refinerías apenas del orden del 40% de la producción. Existe también una pobre incorporación de reservas probadas. Las mismas han venido declinación de 3200 millones de barriles en 1992 a 2000 millones en 2000, una disminución del 63%.
Asociados a dichos problemas existe una serie de problemas vinculados a la problemática de las regalías. En particular:
El
fondo nacional de regalías es ineficaz en la tramitación de proyectos y la asignación de recursos.
Las regiones han estructurado sus economías en una alta dependencia de los recursos provenientes de las regalías. La participación de las transferencias de ECOPETROL al Estado es superior al 15% del presupuesto nacional.
La política petrolera colombiana está enfocada en su mayoría a la privatización de la renta petrolera en nombre de la competitividad y de la mejora de las condiciones de los socios. "Petro Consultans," que diseña un indicador compuesto de tipo general, incluyendo ecología y riesgo político, indica que Colombia sigue siendo bastante competitivo.
Los planes de desarrollo no contemplan medidas que garanticen la sostenibilidad, conservación y restauración de los recursos naturales. No hay un elemento de sostenibilidad sobre la base de creación de sustitutos renovables en la política energética Colombiana.
Las anteriores consideraciones permiten postular los siguientes elementos en la política que se llevará a cabo:
Se propiciará la participación de todos los agentes del sector en las decisiones de política y de regulación, no solo del gobierno.
Se modificará el concepto de la privatización como fuente de recursos para financiamiento del déficit fiscal, dejando de otorgar ‘mejores’ contratos de asociación para que sea el socio quien determine la tasa de extracción según sus intereses estratégicos.
Se replanteará la valoración de los recursos naturales renovables y los no renovables con el criterio de reemplazo de una energía no renovable por otra renovable. Los recursos monetarios extraídos de los recursos no renovables contemplarán las partidas necesarias para la reposición por energías renovables.
Se establecerá y mantendrá una reserva estratégica para suplir las necesidades de la economía nacional.
ECOPETROL presentará un plan de desarrollo a mediano plazo en el que especificará una política de sostenibilidad energética y una clara responsabilidad sobre las transferencias de excedentes a la sociedad. Considerará adicionalmente un compromiso para el fortalecimiento del conocimiento técnico para mejorar su poder de negociación. El Plan deberá considerar políticas de inversión en: Exploración, refinación, transporte, petroquímica, gas, tecnologías energéticas, energías renovables y contratación.
LOS ASPECTOS SOCIALES: EDUCACIÓN
Los aspectos sociales del Plan de Gobierno están referidos fundamentalmente al tema de la calidad de vida de la población. Desde la óptica económica ello se cubre con más y mejor empleo. Desde los aspectos sociales ello implica mejor educación y salud. A continuación se presenta la política sobre educación.
Educación para la vida
El principio de la educación en la Colombia Nueva será la Educación para la Vida, una educación liberadora que se preocupará no sólo de la cantidad, sino de la calidad y su conexión con las necesidades de la mayor humanización de la población y de las necesidades de la economía. Esa educación intentará superar la problemática de la deserción y repetición, incrementará la calidad de la enseñanza con una consideración especial sobre la evaluación de sus diferentes estamentos, realizará un esfuerzo particular sobre la investigación y la formación de profesionales altamente capacitados. Para todo ello, se elevará consistente y sistemáticamente los recursos destinados a la educación.
Deserción y repetición
La deserción en Colombia es, en primer lugar, un problema de ingresos familiares. Es también, una consecuencia de los altos costos en la educación y de una formación educativa poco pertinente a las necesidades laborales de la mayor parte de la población, tal como lo muestra la encuesta de calidad de vida 1997. Se presenta en mayor medida en los establecimientos del sector oficial, en la secundaria y principalmente en el sector rural.
La repetición tiene que ver también, en gran parte, con los mismas causas que originan la deserción. Las familias más pobres, donde se dan los mayores índices de repetición, se ven obligadas a distraer a sus hijos de sus estudios para complementar sus ingresos familiares. No existe por otra parte ninguna regulación al respecto y la que se pretende implantar, de un porcentaje limitado de repetición, esta reñida con las normas mínimas de mantenimiento de la calidad de la educación.
La solución más de fondo es que la economía crezca para incrementar los ingresos familiares y eso será consecuencia de la nueva política económica que proponemos, de crecimiento económico a partir de la rentabilización de nuestras empresas. Requiere también, del otorgamiento de subsidios cuidadosamente focalizados, a las familias más necesitadas, destinados a la compra de libros y útiles escolares. Al mismo tiempo, requiere disminuir los costos de matricula.
Por otra parte, es necesario realizar una revisión de las metodologías impartidas en los establecimientos públicos, básicamente en las zonas rurales. Se generalizará una educación secundaria técnica que se retroalimente de las necesidades de la población, particularmente, de las zonas rurales. En dichos casos, se difundirán metodologías modernas de enseñanza con ayuda de técnicas de demostración.
En todos los casos, la flexibilidad será una regla básica para la determinación de los planes educativos a todos los niveles. Los estudiantes podrán escoger cada vez más, un número mayor de asignaturas electivas, satisfecho un núcleo de conocimiento básico en el respectivo nivel. Ese ejercicio será parte de su formación como individuos responsables de su propia formación y los capacitará en el ejercicio democrático de la elección desde temprana edad.
Evaluación de estudiantes
La evaluación de los estudiantes continuará siendo vital para poder medir su desempeño educativo y su avance en el proceso de aprendizaje. El sistema de evaluación deberá comprender una evaluación de logros, que acaba de ser abandonado, pero también de resultados, en una combinación adecuada que asegure la promoción, los estímulos y los reconocimientos públicos de aquellos estudiantes y sus respectivas instituciones educativas con los mejores resultados.
Para solucionar las deficiencias en la calidad de la educación colombiana es necesario fortalecer las pruebas SABER y de Estado y difundir ampliamente sus resultados para utilizarlos en el mejoramiento de las practicas diarias, proporcionando incentivos monetarios y reconocimientos públicos a aquellas instituciones que obtengan los mejores resultados en las pruebas.
Evaluación a profesionales y docentes
La evaluación a profesionales y docentes no se realizarán al inicio de su desempeño laboral, sino será una práctica continua a lo largo de su actividad docente. Dicha evaluación debe permitir premiar, otorgar incentivos y reconocimientos públicos a aquellos docentes que impartan las mejores motivaciones y metodologías en sus aulas. La evaluación de los profesionales y docentes será realizada conjuntamente entre la administración y los padres de familia de las diferentes unidades educativas al término de cada año escolar. Debemos convencernos que los directamente interesados son siempre los mejores evaluadores de los procesos que los afectan.
Mayor investigación
La investigación de cara a la realidad de Colombia, es uno de los objetivos primordiales para lograr una educación orientada a la superación de las necesidades más sentidas del país. Sin embargo, si se analizan los recursos de inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación que agrupan los recursos de Colciencias y las contrapartidas que movilizan, estos descendieron 50% entre 1995 y 1999, de $ 27 mil millones a $13 mil millones. Ello se ve reflejado en una proporción muy pequeña de los recursos públicos destinados a ciencia y tecnología, del orden del 0.15% del PIB para el 2000. Ello tiene que superarse.
Por tal razón, es necesario aumentar el gasto público destinado a ciencia y tecnología hasta alcanzar un nivel de, por lo menos, 2% del PIB en 2008. Ello permitirá generar una red de universidades, públicas y privadas, dedicadas a la investigación a nivel local, regional y nacional, estableciendo vínculos con organizaciones internacionales. Esos recursos deberán permitir superar la cantidad de jóvenes investigadores formados entre 1995 y 2000 de 540. La meta es formar anualmente alrededor de 300 jóvenes investigadores en las áreas agropecuaria, social y humana, salud y ciencias básicas.
Profesionales altamente calificados
Debemos tener conciencia que el proceso de desarrollo exige una capacidad educativa elevada. Colombia se encuentra en una etapa de desarrollo que, cada vez más, exige mayores niveles de formación universitaria a sus líderes, tanto en el sector privado como en el público. Para ese fin se promoverá el sistema de becas universitarias de nivel de postgrado.
El actual programa de becas para estudios de doctorado y maestría en Colombia y en el exterior ha beneficiado a 680 personas, entre 1992 y el 2000. Los recursos asignados a este programa ascienden a $125 mil millones. Del total de becas aprobadas para este período, se han dejado de utilizar 12%, lo cual puede ser ocasionado por falta de información o de preparación para acceder a becas internacionales. Por tal razón, se promoverá una mayor información para evitar ese desperdicio, pero, al mismo tiempo, se ofrecerán mayores recursos para aumentar el número de becarios. Aspiramos que el estudiante meritorio sea capaz de desarrollar el máximo de sus potencialidades en beneficio propio y de el país. Para ello se le apoyará financieramente y se promoverá sus inquietudes académicas e investigativas.
Acreditación
El actual proceso de acreditación realizado por el Sistema Nacional de Acreditación, el cual consiste en la declaración del Estado sobre la calidad de un programa educativo ofrecido por una institución superior, es inadecuado en cuanto a concepción y procedimientos. Tiene una visión centralista y burocrática reñida con el concepto moderno de promoción de la educación superior. Implica un enorme desgaste en términos de recursos, tiempo y papel del Estado y las universidades y no conduce, necesariamente, a ningún mejoramiento de la calidad de la docencia e investigación de dichas instituciones de educación superior.
Es necesario reformar ese sistema radicalmente. En principio, el Estado no será responsable de esa acreditación. Las universidades colombianas deben establecer sus propios sistemas de autoevaluación para sus pregrados y postgrados, que les permita identificar sus debilidades y promover sus fortalezas en aras de una educación e investigación de mayor calidad. El gran jurado para ese fin será el mercado para lo cual el Estado realizará un esfuerzo masivo de difusión de la información que garantice a todos los interesados que lo que se les ofrece, en términos de calidad y precio, corresponde a lo que verdaderamente reciben. En otras palabras, aspiramos a que el mercado de la educación superior actúe en forma eficiente, competitiva y transparente, sin protecciones e interferencias inadecuadas por parte del Estado.
Porcentaje del PIB destinado a educación pública
Todo lo anterior no es viable si la educación no recibe un adecuado porcentaje de los recursos nacionales. En el 2000, el gasto oficial en educación representaba el 4,6% del PIB. El gasto educativo del sector privado se calculaba en 4,2% del PIB para una población tres veces menor. Se plantea que el gasto en educación pública aumente gradualmente hasta alcanzar un 8% del PIB, que es la meta que olvidó el Plan Decenal vigente. Dicho gasto será destinado, principalmente, a mejoras en la infraestructura educativa, mayor cobertura y acceso, mejoras en la calidad y en investigación para la educación. A toda costa se evitará que dichos mayores recursos sean destinados a incrementar la burocracia, central y local, y a mayor administración.
LOS ASPECTOS SOCIALES: SALUD Y PENSIONES
El propósito de la política de salud de la Colombia Nueva será mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de salud para garantizar una mejor atención de salud a los colombianos. El sector de la salud en Colombia basado en el modelo de aseguramiento tiene tres graves problemas de igual importancia que deben resolverse.
El seguro de salud y el periodo de afiliación
El primero se refiere a la prestación de los servicios en relación con el período de afiliación, donde determinados servicios sólo se prestan luego de determinado período de tiempo de afiliación, lo que va en contravía del fundamento del mismo modelo de aseguramiento que es cubrir el riesgo. En este caso, se establecerá que desde el momento de la afiliación, el asegurado esta cubierto de la totalidad de "siniestros" que cubre el seguro. Esto tanto para el régimen subsidiado como contributivo.
Un mayor financiamiento para una mayor cobertura
El segundo problema se refiere a la baja cobertura en general pero, principalmente, en el régimen subsidiado. En el régimen contributivo la baja cobertura está determinada por el desempleo (lo que también implica menos recursos para el régimen subsidiado y por ende menos cobertura). En el 2001 el total de afiliados a ambos regímenes sólo llegó al 56.1% de la población. Para corregir este problema, con respecto al régimen subsidiado se ampliarán sus fuentes de financiación. Esta financiación adicional provendrá de las siguientes fuentes:
Aumento en un punto de la contribución del régimen contributivo al subsidiado por encima de tres salarios mínimos.
Contribución de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con una parte (30%) de sus ganancias financieras para la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado.
Aumento de la inversión del gobierno en el sector en un punto del PIB.
La mejora del sistema de salud
Finalmente, como exógenos al modelo se presentan una serie de fallas que no permiten el buen funcionamiento del sistema de salud:
Desconocimiento por parte de la población, del sistema, de las normas y de sus derechos.
Desorganización administrativa para el manejo de los recursos de la salud que llegan a las entidades territoriales.
Falta de un sistema de información eficiente que permita establecer la información suficiente y necesaria para desarrollar los controles necesarios por parte de las diferentes entidades y agentes del sistema.
Manejo ineficiente por parte de agentes del sistema como algunas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) e Instituciones Promotoras de Salud (IPS), donde no tienen establecidos procedimientos claros que permitan desarrollar su papel eficientemente dentro del sistema.
Con respecto al primero se implementará un programa masivo de información de carácter nacional donde se de a conocer a la población en general y principalmente a los beneficiarios del régimen subsidiado sobre sus derechos y los pasos necesarios para acceder al sistema.
Para el segundo y el tercero, el Gobierno Nacional (DNP, MinSalud, en coordinación con la Superintendencia de Salud) establecerá un sistema de información claro y sencillo que permita conocer la situación real del sector y ejercer un control eficiente que evite problemas graves como la doble afiliación y de otro reconozca la situación financiera de los diferentes agentes y así evitar abusos de alguno de ellos.
Para el cuarto problema y con respecto a los hospitales públicos, se establecerá un programa, en el ámbito nacional y con recursos adicionales a los destinados al sector bajo el Sistema General de Participaciones (SGP), que reestructure los hospitales públicos así como sus pasivos pensiónales, pero en el marco de su papel de prestador de servicios, teniendo en cuenta sus ingresos futuros y donde exista coherencia entre la política de gastos e ingresos de los hospitales. Así mismo, se establecerá un programa para la implementación de un manual de procedimientos básicos sencillo pero eficiente para el buen funcionamiento de las ARS.
La reforma pensional: Decisiones claras y dilemas falsos
Con frecuencia se plantea la necesidad de que el Gobierno adelante una reforma pensional. Esa reforma se plantea en términos de aumentar la cotización, subir la edad de jubilación y reducir los beneficios a los pensionados.
La primera prioridad de la reforma pensional será eliminar los privilegios de determinados grupos sociales. No tiene presentación que algunos grupos mantengan una situación privilegiada en términos de su régimen pensional poniendo en peligro la estabilidad de todo el sistema. Tal situación será contemplada en la nueva legislación y será eliminada.
Sin embargo, tanto o más importante que esa prioridad es que la economía crezca para reducir el número de desempleados y de esa manera aumentar el número de cotizantes.
En general, la reforma pensional garantizará que aquellos que deseen construir su propia seguridad con su ahorro individual lo puedan hacer sin que una parte excesiva de su dinero sea utilizada para financiar burocracias privadas administradoras, ni un lucro excesivo de esas administradoras. Quienes opten por esa opción contribuirán también, solidariamente, con una parte pequeña de su contribución, al régimen alternativo de solidaridad intergeneracional del Seguro Social.
De tal manera, el Seguro Social no quedará desfinanciado incorporando solamente a aquellas colombianas y colombianos cuyas contribuciones, por el monto de sus ingresos, si su ahorro fuera individual, no les permitiría acceder a una pensión que les garantice una vejez segura y decente. Una parte fundamental de la reforma será lograr que los recursos de ahorro generados por las contribuciones de los afiliados sean usados para financiar inversión productiva, permitiendo una expansión sólida del mercado de capitales, prioridad política de la Colombia Nueva, y no, como es actualmente, para financiar principalmente déficit fiscales.
LA REFORMA DEL TRATAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
Marco general de política ambiental y de desarrollo sostenible
Por política ambiental entendemos el conjunto de decisiones estratégicas y acciones participativamente construídas e implementadas, mediante las cuales la sociedad colombiana bajo la dirección del Estado, garantizará el objetivo de desarrollo sostenible en un horizonte de 20 años. Para el efecto,
La Constitución Política ha establecido expresamente un mandato al Estado para adoptar un modelo de desarrollo sostenible. Hay un potencial en la figura de la función ecológica de la propiedad y en la conciencia ecológica de los cuerpos colegiados del Estado, especialmente en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Hay también una creciente conciencia y despliegue de una cultura ambiental de profundas bases ciudadanas que enriquecen un proyecto de democracia social.
Por otro lado, hay una necesidad de una perspectiva Sur-Sur en tres campos: desarrollo de capacidad de negociación en medio ambiente y biocomercio, cooperación en artes y ciencias tropicales; y, en la transferencia de técnicas y tecnologías limpias y seguras.
Objetivo general y objetivos específicos de la política
El objetivo general de la política ambiental consistirá en enriquecer la capacidad de los colombianos de conocer su realidad socioambiental, por ende, de planificar y gestionar el mejoramiento de la calidad ambiental de ciudades y regiones, de conservar, utilizar sosteniblemente y recuperar bienes y servicios ecosistémicos, las fuentes renovables y no renovables de energía y, para afirmar y aprovechar las ventajas comparativas ambientales y culturales del territorio nacional.
En términos específicos la política se plantea como objetivos:
Generar valor y fuentes de trabajo a través del potencial biológico y cultural del país. Orientar este esfuerzo prioritariamente hacia jóvenes, regiones, etnias y género.
Redefinir concertadamente la figura de frontera ecológica y recuperar la lógica de los pisos térmicos en la tarea del ordenamiento territorial.
Desplegar con criterios de sostenibilidad una política para el desarrollo minero-energético, de transporte e infraestructura física.
Fortalecer la capacidad pública y privada para gestionar una mejor calidad ambiental y su relación con políticas costo-efectivas de salud pública.
Asegurar la coordinación de las políticas públicas a través de la incorporación de criterios de sostenibilidad en las agendas de competitividad y productividad.
Elementos prioritarios de la política de medio ambiente y desarrollo sostenible
Opciones estratégicas
Aprovechar las ventajas comparativas y las vocaciones más claras del territorio nacional, con énfasis en agua, biodiversidad y energía, a través de opciones generadores de valor agregado y nuevos oportunidades de trabajo, que armonicen nuestros activos ambientales y culturales con los avances de la tecnología moderna. El aprovechamiento de estas opciones prioritarias parte de un enfoque ecosistémico y una lógica de pisos térmicos que relaciona una gestión integrada de la calidad ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y una coordinación intersectorial eficaz.
Biodiversidad para el desarrollo: agregar valor a la biodiversidad, estabilizar la producción y aumentar la calidad de los productos de origen biológico. Conservar bancos genéticos y áreas protegidas. Identificar y aprovechar oportunidades del biocomercio y de mercados verdes. Formar una masa crítica de investigadores en artes y ciencias del neotrópico.
Agenda Azul: desarrollar los bienes y servicios múltiples del agua y conservar la diversidad de los ecosistemas acuáticos y marinos. Concentrar esfuerzos en calidad del agua y fuentes proteínicas, vías y puertos acuáticos, protección de fuentes (páramos), exportación de aguas de origen y utilización sostenible de recursos marítimos.
Aprovechamiento sostenible de fuentes de energía: Combinar el uso de fuentes de energía renovable, el uso más eficiente de la energía, el uso de tecnologías limpias avanzadas en el desarrollo de los combustibles fósiles y el uso sostenible de fuentes tradicionales de energía.
Frentes de coordinación intersectorial
En el contexto de las opciones estratégicas, la política se propone concentrar la intervención gubernamental en seis frentes intersectoriales de manera que los temas ambientales sean parte de los programas sectoriales de generación de empleos, exportaciones y competitividad:
Gestión ambiental y salud pública (ampliar cobertura efectiva y asegurar calidad en agua potable y saneamiento básico, al tiempo que disminuir grados de exposición a contaminación y sustancias peligrosas).
Gestión ambiental sectorial e institucional (aumentar efectividad en la integración de la gestión ambiental en las políticas, planes y programas sectoriales).
Conservación y uso sostenible de agua, suelo y ecosistemas (ordenamiento del territorio y eficacia de las autoridades ambientales regionales).
Justicia ambiental y equidad distributiva (opciones, calidad y acceso a bienes y servicios ambientales).
Educación, ciencia y tecnología neotropical (biodiversidad y desarrollo).
Sinergia estatal y público-privada en la negociación e implantación nacional de acuerdos multilaterales y regionales
Herramientas para integrar medio ambiente y desarrollo
i) Desarrollo de capacidad en la evaluación y toma de decisiones:
Transformar el Conpes en el Conpesa (Consejo Nacional de Política Económica, Social y Ambiental).
Reestructurar y fortalecer la descentralización de la gestión ambiental mediante la consolidación de planes de ordenamiento territorial con enfoque ecosistémico y lógica de pisos térmicos.
Combinar evaluaciones ambientales estratégicas y evaluaciones de impacto enfocadas a la toma de decisiones verificables por las autoridades ambientales y la sociedad civil.
Implementar sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación que sirvan de referencia a la investigación académica, a la acción responsable de los particulares y a la gestión pública.
Incluir en las licencias y guías ambientales consideraciones ecosistémicas.
Establecer una norma integral de bioseguridad y prácticas de eco-etiqueteado.
Ampliar aplicación efectiva de sistemas normativos de mejoramiento de la calidad ambiental a los sectores agroindustrial, farmacéutico, minero-energético, transporte y construcción.
Fortalecer proyectos "sombrilla" en acciones confederadas de organizaciones comunitarias e incentivar planes de vida sostenibles.
Desarrollar procedimientos y mecanismos de participación en veedurías ciudadanas, acciones populares, acciones de tutela, acciones penales.
ii) Investigación científica, técnica y tecnológica:
Incrementar la asignación de recursos financieros en los institutos de investigación (Humboldt, Invemar, Ideam y Corpoica, entre otros). Reestructurar institutos regionales de investigación. Fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas protegidas. Impulsar la red nacional de laboratorios de calidad ambiental.
Relacionar investigadores universitarios y de institutos con profesores de secundaria y sus alumnos a través de proyectos de conocimiento activo.
iii) Instrumentos económicos (incentivos):
Establecer tasas retributivas efectivas por unidad de recurso contaminado: más eficiencia en descontaminación, con tarifas progresivamente más bajas.
Reorientar las tasas de uso hacia tasas por unidad de recurso utilizado: más eficiencia, mejor uso recurso, tarifas más bajas.
Asociar el impuesto predial a tarifas diferenciales, acordes con el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.
Incorporar criterios ecosistémicos y de cooperación económica internacional en el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y en el Incentivo de Capitalización Rural (ICR); establecer incentivos para asegurar la sostenibilidad de los sectores pesqueros y acuícola.
Algunos datos
Uno de cada dos empleos rurales dependen de los bienes y servicios ecosistémicos.
Las exportaciones de productos de la biodiversidad superan los $3.500 millones de dólares anuales. No obstante, el 70% de la agricultura no depende de la biodiversidad e importamos frutas tropicales (guanábana, curubas).
Solamente el valor total del mercado mundial de plantas ornamentales se estima en $3.500 millones de dólares anuales.
Con una superficie continental menor del 1% de la extensión global, en el país se encuentran en promedio el 14% de las especies de vertebrados y de plantas vasculares conocidas (el 15% de las orquídeas).
Colombia es el país con más especies de aves del planeta (19%).
Aunque se desconoce su riqueza acuática, las aguas continentales contienen cerca de las dos terceras partes de las 3000 especies de peces de Suramérica.
En 20 años se ha perdido el 90% del potencial de captura pesquera en el río Magdalena.
El 57% de los páramos (fábricas de agua dulce) del mundo están en Colombia.
Sólo el 0.2% del agua es tratada.
El 80% de costos ambientales se determinan en la etapa de diseño.